EL ESTADO DE TERROR: Condena al estado por prisión sin causa

En los autos “Castro, Juan Marcelo y otro/a c/Poder Judicial s/Pretensión Indemnizatoria”, el Estado fue condenado por mantener en prisión a dos personas más de tres años por una causa en la que luego fueron absueltos.

Fue un claro uso abusivo del instituto de la prisión preventiva, herramienta que el Estado muchas veces utiliza sin la certeza de que los afectados puedan llegar a ser quienes verdaderamente hayan cometido el ilícito.

 

Los demandantes fueron detenidos en el año 2002 acusados de haber cometido un robo a mano armada,  pero finalmente fueron absueltos ya que no cometieron el hecho.

 

El magistrado de grado evaluó la doctrina imperante, que pasa de desconocer todo derecho frente al atropello ilegítimo del elefante estatal, hasta aquellos que reconocen la procedencia de daños siempre y cuando sea declarado ilegítimo su actuar, el acto en si.

 

Se adentró así al estudio del ERROR JUDICIAL en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga,  juzgar que hay error. La indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado a los juzgadores al convencimiento de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor.

 

El Juez con mucho tino evaluó la responsabilidad de los demás poderes y se definió porque si el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo eran responsables de sus actos, no veía porque debía exceptuarse al poder Judicial, es decir, no suceda lo mismo con los daños provocados por la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, atento a que no se advierten diferencias en las reglas substanciales que exigen la obligación de resarcir ante la producción de un daño respecto de quién se ha provocado un sacrificio especial en beneficio de la comunidad toda.

 

Así consideró que un doble supuesto de responsabilidad estatal por el dictado de una medida precautoria -prisión preventiva- que dentro del lapso temporal de dos años se reputa legítima y por ello ingresa en el campo de la responsabilidad del Estado por actos lícitos; y por otra parte por la prolongación de la privación de la libertad, más allá de ese lapso.

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Prensa ADUSSALUD

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